La palabra ‘solvencia’, que no proviene de Solbes, se ha convertido en la más usada por la clase política para hacer referencia al sistema financiero español.
Es cuanto menos alarmante que según análisis oficiales que se hacen sobre la situación del sistema financiero (tendencioso o no) :
El 61,3% de los créditos concedidos por entidades financieras en el año 2007 tienen que ver con el ‘ladrillo’.
El 8,7% de lo prestado por la banca se lo han tragado las constructoras.
Las promotoras inmobiliarias se han llevado el 17,3%.
El 35,3% tiene que ver con la adquisición o rehabilitación de viviendas.
De los 1,72 billones prestados por las entidades a sus clientes, más de 1 billón de euros han sido en lo que era una apuesta segura (no?)
Quien piense que este % es perfectamente digerible para el sistema financiero español va muy equivocado. El reventón de la burbuja inmobiliaria está embaldosando los balances de las entidades financieras, sin que ningún mando económico incida autoritariamente sobre el asunto.
La banca que juega al monopoly, no quiere quedarse sin jugadores. En lugar de procurar el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) y eliminar del mapa a los clientes que no pueden seguir jugando, como haría cualquier empresa comercial, ha optado por refinanciar las deudas de sus clientes, aumentando obviamente la exposición de su cuenta de resultados al riesgo inmobiliario.
A priori, esta estrategia puede parecer perspicaz y hasta ‘patriótica’. Por un lado, evita que bancos y cajas de ahorros queden retratados ante la opinión pública (HECHO MUY IMPORTANTE) con un aumento excesivo de la morosidad. Por otro, permite que los flujos de caja de las inmobiliarias por escasos que sean se queden en las entidades (HOY EN DÍA EL DINERO ES UN BIEN ESCASO).
La estrategia, por lo tanto, parece razonable a priori, pero con sólo observar la historia financiera de este país en los últimos 30 años, se ve que es un auténtico disparate. Si algo ha quedado claro es que la manera más directa de llegar al desastre es retrasar los problemas mirando para otro lado.
AÑOS 70:
De los 110 bancos que operaban en España a finales de 1977, 51 se vieron afectados por problemas de solvencia entre esos años. La crisis alcanzó su punto álgido en 1983, con la expropiación de los 20 bancos del conglomerado industrial Rumasa, y se alargaría hasta 1985. Los 51 bancos con dificultades gestionaban un volumen de depósitos cercano a los 9.500 millones de euros, empleaban a más de 35.600 empleados y contaban con 2.622 oficinas. La factura para los ciudadanos fue brutal. La crisis bancaria costó al erario público (saldo entre lo aportado y lo recuperado) 2.993 millones de euros de los de entonces. Como se ve, eso de socializar las pérdidas de la banca no lo inventó Bush.
La crisis bancaria estuvo ligada al empeoramiento de la actividad económica (aumento de morosidad), pero también al deterioro del margen de intermediación, al encarecimiento de la remuneración de los depósitos, a la elevación de los coeficientes obligatorios de inversión, Y SOBRETODO a que algunas de estas entidades acometieron inversiones crediticias de alto riesgo, llegando a exceder los límites aconsejables.
En este entorno se dieron prácticas contables tendentes a enmascarar la situación y se llevó cabo una huida hacia adelante,forzando actividades dudosas, aflorando inexistentes revalorizaciones de activos, renovándose operaciones fallidas, etc. Dada la imposibilidad de superar la crisis, se acentuaron las operaciones irregulares, las cuales aceleraron el colapso de las entidades afectadas”.
SITUACIÓN ACTUAL:
La banca está enladrillada, ¿quién la desenladrillará?
Pues seguramente será el Gobierno, que parece dispuesto a lo que haga falta para aliviar la gripe del pollo financiero.
El Ejecutivo ha encontrado la piedra filosofal para que las entidades puedan librarse de la avalancha de activos inmobiliarios (pisos, terrenos, etc…) que están absorbiendo por ejecuciones de deuda o compras forzadas (ya que los clientes no pueden pagar) para evitar que se dispare la morosidad y entren en quiebra.
Se trata de las nuevas sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi), versión española de los REITs norteamericanos o las SIICs francesas.
Son sociedades que ofrecen rentabilidad a los clientes que compran una participación de estas, similar funcionamiento al de la bolsa.
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero presentó estos instrumentos en septiembre como una medida contra la crisis inmobiliaria, nadie entendió muy bien su importancia: a priori, sólo servía para hacer más atractiva la inversión minorista y extranjera en el mercado español.
Pero el desarrollo del producto, que está a punto de ver la luz, deja al descubierto su verdadero propósito: no se trata de reactivar el mercado para salvar a las inmobiliarias, sino de ayudar a la banca para que pueda aliviar la irrespirable situación en que se encuentra.Según el borrador de la ley que desarrollará estos instrumentos, su capital (aportado por el valor de los pisos, locales, naves, etc…) tendrá que estar repartido en paquetes inferiores al 5%. Ése es el quid de la cuestión, puesto que a las empresas no les interesa un vehículo que no controlan -varias grandes inmobiliarias españolas tienen SIICs en Francia- y a los inversores de alto patrimonio tampoco, porque prefieren instrumentos a su medida como las sicavs.
Es decir, queda reservada para los inversores minoristas, o lo que es lo mismo, los clientes de bancos y cajas de ahorros.Los bancos van a coger todos los pisos con los que se están quedando y los van a poner en alquiler para cederlos a estos vehículos y venderlos a su clientela. Además, el Gobierno va a conceder varias ventajas adicionales para la banca: no hace falta que los inmuebles de estas sociedades estén alquilados efectivamente, sino que basta con que estén "puestos en alquiler" (es decir, no hace falta esperar a que se recupere el mercado); y sólo se tienen que tasar (valorar) una vez, cuando se ceden a la Socimi, sin necesidad de asumir ninguna pérdida de valoración posterior. La razón es que estos vehículos no pueden vender los inmuebles durante tres años, y el alquiler tiene que generar el 90% de las rentas.Claro que estas ventajas también hacen atractivo el producto para los minoristas: al no bajar la valoración, esta inversión es muy parecida a un bono con una rentabilidad estable proveniente del alquiler.
Otra de las exigencias de las Socimi es que repartan el 90% de su beneficio en dividendos, que vienen a ser como el cupón de un bono.
El último requisito es que coticen en bolsa, lo que garantiza la liquidez para el inversor. ¿Por qué se le da esta prioridad en la coyuntura actual?.
¿Por qué el Gobierno, que no consideraba prioritaria la introducción de las SOCIMI en junio del año pasado, está acelerando todo lo posible la aprobación de la ley que los desarrolla?
PUES PORQUE LOS BANCOS NECESITAN AYUDA.
Lo cierto es que la banca tiene un problema muy serio con la cantidad de inmuebles que se está quedando para no forzar a las inmobiliarias a entrar en mora o al concurso de acreedores. Ahora, con las Socimi, pueden dar el pase a esos activos y colocarlos a sus clientes.
¿Pero hasta cuándo durará esta farsa?
El pez que se muerde la cola, lo lleva en los genes al igual que la anterior generación.
